En Uruguay, la superficie de bosques nativos es del orden de las 730.000 hás, lo que representa aproximadamente la mitad del área forestada, indicó el titular de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos Mantero Álvarez, quien aclara que en ese total incluye 70.000 hás. de palmares, a pesar que no toda esa área posee los 250 árboles por hectárea requeridos para ser considerada bosque.
El jerarca sostuvo que en los últimos 20 años, y desde que entró en vigor la Ley No. 15.939, conocida como Ley Forestal, aumentó en aproximadamente 130.000 hás. la superficie de bosques.
La biodiversidad del bosque nativo se manifiesta en nuestro país bajo distintos ecosistemas que constituyen comunidades fluviales, de parque, serranas, de quebrada, de arenales costeros y palmares. El mayor incremento se dio en la comunidad de parque, parcialmente en las serranas, y en las grutas y quebradas, en particular del norte del país.
La Cuarta Carta Forestal (2004) -un relevamiento mediante imágenes satelitales realizado por el MGAP- establece que ese año se detectaron en el país cerca de 1.400.000 hás. de forestación, de las cuales el 53% es de bosque nativo, mientras que el 40% corresponde a plantaciones industriales y el resto a montes de abrigo y sombra, bosques costeros y parques.
La Ley Forestal, constituye el marco institucional del sector. Toma en conjunto todo lo que es flora arbórea, lo nativo y lo plantado, establece normas para las plantaciones y formas de hacerlo y protege al monte nativo. No está absolutamente prohibido usarlo, sino que hay formas en las que si se puede utilizar y obtener sus productos, en producciones integradas con la ganadería o la fruticultura, explicó Mantero Álvarez.
Ese cuerpo legal define a los bosques como “las asociaciones vegetales en las que predomina el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional”.
La revalorización del bosque nativo
El bosque nativo, también denominado monte indígena, tiene un valor social, ambiental y económico considerable y concita el interés científico de diferentes disciplinas, señala el Grupo Guayubirá, una organización ambientalista que promueve el recurso, su uso y conservación.
El monte no es simplemente un conjunto de árboles y arbustos, sino un sistema complejo donde una infinidad de seres vivos interactúan entre sí y con un medio físico con determinadas características. El monte actual es el resultado de millones de años de evolución y adaptación de todas esas especies a un sistema del que todas se benefician.
Entre otros puntos destacables, este tipo de bosque, abastece a las fuentes subterráneas de agua y aseguran el flujo continuo de los cursos hídricos, conserva las márgenes de los ríos y arroyos, constituye uno de los hábitats fundamentales para numerosas especies de la fauna nativa, y retiene carbono atmosférico, cuya conservación contribuye a mitigar el efecto invernadero. Pero eso no es todo. El bosque nativo, posee un valor potencial en materia de productos alimenticios (fruta, miel y carne) y usos medicinales e industriales (taninos, esencias, etc.). Mantero Álvarez, agregó que “hay estudios químicos, buscando aceites esenciales, experiencias de medicina alternativa, con buenos resultados, pero que nadie explotó desde el punto de vista comercial”.
El turismo rural y ecoturismo, como actividades que promueven la conservación y el aprovechamiento racional del bosque nativo, también contribuyen a su integridad y aprovechamiento racional.
“Históricamente, desde tiempo coloniales y hasta la entrada en vigencia de la actual legislación, el bosque indígena se utilizó como fuente de madera para combustible o construcciones rústicas y estuvo sometido a una importante presión de corta que hoy se traduce en la existencia de bosques primarios (no intervenidos) y secundarios (los que crecen después de su destrucción)”, exponía Juan F. Porcile, en una conferencia titulada “El Desafío del Manejo Sustentable del Bosque Nativo”, que dictó en octubre de 2005, en la Intendencia Municipal de Montevideo.
A la hora de referirse a algunas de las especies más utilizadas del bosque nativo, Mantero Álvarez, mencionó a la coronilla, el guayabo, el algarrobo y el espinillo, como proveedores de leña. Y apreció al timbó, el ibirapitá y algunas especies de laureles por la buena calidad de su madera. Citó el caso del amarillo, una variedad que en otras épocas era requerida por monteadores que recibían la denominación de “amarilleros”, que era apreciado por las cintas que se obtenían de él para fabricar canastos para la leña y el pan. El cambio tecnológico hizo que esos canastos se dejaran de usar y fue así que la presión sobre el amarillo cesó.
En referencia a los frutos, el técnico alentó la posibilidad de mejora genética que permita desarrollar y domesticar algunas especies. En ese sentido, recordó una iniciativa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que estudia algunos frutos indígenas como el ubajai, la pitanga y el arazá, para obtener tamaños suficientes que faciliten su comercialización.
Mantero Álvarez también mencionó la experiencia del vivero del MGAP, en Toledo, que fue inaugurado en 1912 y se especializa en la producción de especies indígenas como quebracho, espinillo, timbó, cinacina, ibirapitá, ombú y arazá, además de tres variedades de eucalipto colorado. Si bien éste no es indígena, se promueve la plantación por su utilidad en las actividades ganadera, agrícola y maderera. Mientras que las nombradas en primer término se solicitan como ornamentales y para incluirlas en sistemas agroforestales y montes de protección de cuencas, suelo y ganado.
La agresión de la presión urbana
Uno de los problemas más graves que padece hoy el bosque nativo, según el entrevistado, es que está siendo dominado por especies exóticas que lo invaden, como es el caso del ligustro, el fresno y algunas variedades de arces. En estos casos, la dependencia que dirige sugiere medidas tendientes a dificultar su reproducción y expansión.
Otros factores de disturbio que pueden incidir sobre la sanidad y vitalidad del ecosistema comprenden a: insectos nativos, enfermedades, incendios, tormentas, despeje de tierra (tala rasas y desmontes), inundación permanente (construcción de embalses, represas hidroeléctricas, reservas de agua para riego arrocero) y desarrollo urbano, además de la extracción de las propias especies vegetales.
En ese sentido, Mantero Álvarez sostiene que “la agresión más fuerte al bosque nativo se da en las fuentes fluviales próximas a las ciudades del interior del país, en terrenos generalmente municipales, lo que produce una presión urbana considerable”. En este caso, si bien el control para evitar la extracción de la madera corresponde a la DGF, al encontrarse en propiedades municipales, las intendencias también tendrían facultades para impedirlo. Pero allí, más allá de un tema de competencias entre su dependencia y las comunas, el funcionario advierte un trasfondo social.
El bosque indígena significa en invierno la fuente de ingresos de los llamados “carreros” y sus familias. “Nosotros somos partidarios de que el bosque nativo pueda ser utilizado a favor de la vida de la gente y hacer un uso sustentable del recurso”, aseveró.
La DGF es el órgano ejecutor de la política forestal nacional que la Ley Forestal encomienda al MGAP. Esa dependencia tiene la misión de lograr el manejo forestal sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos forestales y el desarrollo de las industrias del sector.
“Desde la creación de la Ley se piensa en lo forestal del país como una cosa única en la que se diferencian dos divisiones, una que se dedica al manejo y el ordenamiento y otra a la planificación”. Es decir, la generación de la política forestal, el estudio de las posibles formas de planificarlo y el control de lo que está establecido legalmente, indicó Mantero Álvarez.
En el organigrama de la DGF se incluye a la División del Bosque Nativo; a esta repartición le competen tareas de gestión, fiscalización, evaluación y desarrollo. Algunas de éstas tienen que ver con el estudio, aprobación y manejo de solicitudes de actuación sobre bosque nativo, otorgamiento de guías de transporte de productos procedentes de los montes indígenas y tareas inspectivas de control de ilícitos de corta, transporte de productos del bosque nativo y control de stock de barracas. Además, lleva estadísticas relativas al área, así como evalúa el recurso a corto, mediano y largo plazo y promueve la investigación de técnicas de manejo y niveles de producción. Consultado sobre los permisos de corta otorgados, el técnico se limitó a manifestar que éstos “no superan las 40.000 ton. anuales de madera”.
El cuerpo inspectivo de la División del Bosque Nativo está integrado por ocho funcionarios que Mantero Álvarez considera, tienen un buen conocimiento geográfico de nuestro país y su bosque nativo.
El responsable de la DGF dijo que ese número de funcionarios es suficiente, aún considerando el aumento de infracciones sobre el monte indígena a partir de las denuncias sobre la tala no autorizada de la empresa Ence en Paysandú y los medios de comunicación difundieron a fines de agosto. No obstante, el funcionario aseguró que “El crecimiento de las denuncias es circunstancial”.
Mantero Álvarez, –quien también se desempeña como docente del Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera de la Facultad de Agronomía de la Udelar- sostuvo que la mayor desforestación del bosque nativo no es ocasionada por las compañías forestales, sino que es provocada por las actividades agrícolas (arroz, vid, y posiblemente soja) y ganaderas. Advirtió, que “la competencia por la tierra es la que genera este tipo de conflictos”, en el entendido que mientras mayores son los precios de los mencionados productos, “más difícil es controlar e impedir infracciones sobre el monte indígena, porque las multas que surgen de la normativa vigente son menores respecto a la rentabilidad de la empresa infractora, que gana superficie para el cultivo de esos productos agropecuarios”.
Ante la consulta de si el aumento del número de denuncias de infracciones sobre el bosque nativo responde también a una creciente concienciación medioambiental de la sociedad, Mantero Álvarez dijo que “es probable que eso sea cierto”. Pero, aclaró, que el aumento de las denuncias tiene que ver con otras cosas, incluso con otras valoraciones y circunstancias que son coyunturales. Detrás de esa “efervescencia” hay posiciones grupales e individuales que tienen que ver con quién es el que cometió el ilícito (en referencia a Ence) y por lo tanto, atacan con mayor virulencia. Eso genera muchas denuncias, explicó.
Para redondear su razonamiento, el director de la DGF señaló que “sin dudas el país tiene cada vez mayor conciencia ambiental, aunque no siempre la preocupación está en las cosas que son más importantes para el medio ambiente. Si lo pienso en términos agrarios, quizás lo peor que esté pasando es la erosión de los suelos”, apuntó.
El caso de Ence
Carlos Mantero señaló que la empresa Ence, instalada desde hace 18 años en nuestro país, cuenta con áreas forestadas, principalmente en Paysandú (desde Quebracho al sur, por el litoral), Soriano, Lavalleja y Rocha.
Calificó como “una relación muy estrecha” la que mantienen la DGF y la propia empresa, producto de la presentación de los proyectos de plantación de eucaliptos para su aprobación que debe presentar la compañía a su repartición.
En el transcurso de este año la compañía de capitales españoles hizo los trámites de rutina para forestar con eucaliptos una zona en la que confluyen el arroyo Capilla Vieja con el Río Queguay, al sureste del departamento de Paysandú. La DGF delimitó un área de bosque nativo que se debía proteger conformada por algarrobales de distintas edades.
La empresa se comprometió a demarcar el terreno con una máquina llamada “rotobador”. Se marca una faja de terreno y se establece el área de corte. Eso no se hizo y se dieron las instrucciones en forma oral.
Lo que dice la empresa es que la empresa contratada para realizar el trabajo cortó más allá de lo que debía y ese fue el error. “No cortó 80 hás. juntas, sino que en aquéllos lugares que le dijimos que no corte, lo hizo de a secciones en varios puntos”, relató Mantero Álvarez.
“Ellos dicen que fue un error y probablemente lo haya sido”, confiesa. “Si me dijeras que vas a plantar eucaliptos en un área de 80 hás. que están en un solo predio, capaz que lo entiendo, pero si se trata de una sección aquí, otra allá, y otra más allá, parece que no es lógico (pensar que se trató de algo premeditado)”, reflexionó.
Acto seguido, la DGF convoca a la empresa al tiempo que se detiene el proyecto en el área referida y se interrumpen los trámites ante esa dependencia ministerial. Ence reconoció su error y a consecuencia realizó una propuesta de cambio de naturaleza por naturaleza, al tiempo que se comienza a evaluar la multa a aplicar, que, según trascendió, sería del orden de las 2.000 UR (aproximadamente U$S 36.000), según lo estipula la Ley Forestal.
“Ahora lo que estamos haciendo es redactar el expediente sancionatorio que va a decir lo que, en definitiva, la empresa debe hacer”, adelantó Mantero Álvarez.
Ence proponía disponer un área de 233 hás. para que se desarrollara el algarrobal a partir de los pocos ejemplares existentes de la especie. Habría que hacer una plantación y dejar que crezcan como lo habían hecho los otros ejemplares, a costo de la empresa. Como el INIA tenía un proyecto en el que estaba estudiando la especie, le propusimos a Ence que hiciera un convenio con ese Instituto para poder utilizar la plantación que se haga en el área y utilizar el manejo del algarrobal vivo para capitalizar conocimiento, lo que fue aceptado por la compañía”.
Habrá que esperar mucho tiempo para que el área de 233 hás., en cuya selección tuvo que ver la DGF, se regenere.
La iniciativa dispuesta para mitigar los daños ocasionados al bosque nativo permitirá obtener conocimientos sobre cómo plantarlo, manejarlo y mejorar las condiciones de una interesante especie como lo es el algarrobo.
Consultado sobre si la cuantificación material de las multas representa la magnitud del daño ocasionado, el jerarca reclamó “una valoración real del bosque nativo, a través de un estudio profundo de las distintas expresiones que éste tiene en el país, que puede ayudarnos a valorar lo que está aportando al medio ambiente nacional, en términos de protección de suelos, de mejora de la calidad del agua, de mantenimiento de la biodiversidad y de recreación. A todos los valores posibles que son medianamente intangibles, adjudicarles un valor monetario que sea reconocido como el aporte del monte indígena. Eso permitiría tener mucho más claro cuánto es lo que se perdió o lo que se dejó de ganar durante cualquier intervención”.
Otro posible camino a recorrer, mucho más rápido, pero quizás no tan justo, ni tan científico, sería aumentar las multas, o que se considere una intervención que tiene que ver con el ambiente, que pudiera ser catalogado “un delito ambiental”, sugirió Mantero Álvarez.
