Ingresamos en la recta final. Faltan pocos días para que finalicen las presentaciones orales de Argentina y Uruguay ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia.
Argentina, parte demandada, plantea que Uruguay violó sistemáticamente el Estatuto del río Uruguay, que Botnia ha contaminado en forma irreversible el río Uruguay y que nuestro país debe desmantelar y relocalizar la planta de celulosa lejos de la frontera con Argentina.
En resumen, el gobierno argentino adhiere plenamente a los irracionales reclamos de los asambleístas entrerrianos, utilizando la misma estrategia: cero pruebas.
Por su parte, Uruguay mantiene la misma línea de defensa que inició años atrás. Los abogados que defienden a Uruguay en La Haya presentaron las pruebas que demuestran, sin lugar a dudas, que ambos países llegaron a acuerdos donde se aceptaba la actual locación de Botnia y se iniciaba el camino a un monitoreo binacional en la zona de instalación de pasteras. Argentina, en tiempos de Rafael Bielsa, había aceptado oficialmente un “fin de diferendo” y así lo detalló en la Memoria Anual que presentó el Jefe de Gabinete al Poder Legislativo en el año 2004.


Sin ser duros de entendederas, sin desconocer la historia, sin atisbo de soberbia chovinista, hay aconteceres argentinos que a los orientales nos cuesta mucho comprender.
Existe un gobierno que, desde el discurso, combate a muerte el sector papelero-celulósico, acusándolo de ser las principales fuentes de contaminación en el planeta.
Rogelio Alaniz es un periodista santafesino, del
Una relación “amor-odio”. Esa parece ser el nexo que une -y separa- a los asambleístas y los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.


