El conflicto por el rechazo entrerriano a la instalación de Botnia en Fray Bentos tiene sus altibajos. Sus idas y vueltas. Sus marchas y contramarchas. Sus avances y retrocesos.
Pero, por sobre todos esos vaivenes propios de cualquier conflicto social, ambas partes en pugna decidieron ajustarse cada una a un carril del que no se desvían.
Por un lado, tenemos al gobierno uruguayo que, junto con el pueblo oriental, decidieron dar batalla a la hipocresía y a la falsedad proveniente de la vecina orilla. La postura uruguaya ha sido clara desde un principio: información, información y más información. El reclamo argentino, también desde un principio, siempre ha sido el mismo: “no hemos sido suficientemente informados“. Extraña exigencia, dada la cantidad y calidad de los informes técnicos que Uruguay ha brindado gentilmente desde que se inició este diferendo binacional.


No hay caso. Caen algunas gotas, suenan un par de truenos y los asambleístas -cual ratas- corren a esconderse en su madriguera.
Hay países -como Vietnam- donde el fútbol casi no existe. Hay países -como Estados Unidos- donde se está convirtiendo poco a poco en un deporte popular. Hay países -como Inglaterra, España, Italia, Brasil, Uruguay- donde este deporte es pasión de multitudes.
El corte de ruta en Arroyo Verde genera posturas radicales. Tanto los que lo apoyan -planteando que es una medida válida ante un Estado argentino ausente- como los que lo rechazan -explicando que viola los derechos constitucionales de ciudadanos- mantienen una firma postura que difícilmente cambian de acuerdo a la ocasión.
Concluyeron, finalmente, los alegatos de Argentina y Uruguay en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Una serie de rounds jurídicos que, desde el principio, tenían el resultado cantado: triunfo por knock-out de Uruguay, frente a una endeble defensa argentina, que se sustentó en una montaña de errores técnicos y jurídicos.


