Bustismos

Argentina se afana, desde hace ya cuatro años, en incentivar un litigio binacional que a esta altura se hace realmente incomprensible.

¿Celo ambiental? ¿Defensa del tratado binacional que protege al río Uruguay? ¿Cumplimiento de las normas internacionales en materia ambiental? ¿Promoción de la industria productiva y ecológicamente sustentable? ¿Enseñanzas de sabio hermano mayor al hermanito menor descarriado? ¿Rechazo a políticas imperialistas?

Nada de eso.

Son muchos los objetivos que persigue Argentina en torno a este conflicto. Y ninguno de ellos se basa en la lucha por un medio ambiente más sano. Ninguno.

Argentina rechaza la instalación de Botnia en Uruguay por varias razones.

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Concluyeron, finalmente, los alegatos de Argentina y Uruguay en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Una serie de rounds jurídicos que, desde el principio, tenían el resultado cantado: triunfo por knock-out de Uruguay, frente a una endeble defensa argentina, que se sustentó en una montaña de errores técnicos y jurídicos.

Ambas partes demostraron que, en materia de cuidado ambiental e industrialización responsable, no nos separa un río. Nos separa un abismo.

Argentina, con su discurso ecologista que nadie cree, “olvida” que es uno de los países de la región que menos protege el medio ambiente. Problemas de contaminación de napas, multinacionales mineras que se instalan sin control, pesca depredadora en ríos y mares, miles de industrias sin monitoreo, nulo respeto por pocas leyes ambientales que rigen en el país (y que son mucho más permisivas y laxas que las leyes vigentes en Uruguay y en los países del Primer Mundo) y una producción agrícola que está generando un problema ambiental gravísimo, producto del mal manejo de los cultivos, la deforestación, la desertificación, el uso indiscriminado de agrotóxicos y la quema de pastizales y bosques.

¿Y qué? Dirán muchos argentinos. Problema de los argentinos, repetirán en un intento de auto convencimiento de dudoso éxito.

No. Problema de todos los ciudadanos de una región. Porque la contaminación generada en Argentina impacta (y cómo!) en los países fronterizos, que ven como los vertidos industriales y el humo proveniente de la práctica de incendios rurales invaden aire, agua y suelo paraguayos, brasileros, chilenos, uruguayos.

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Ingresamos en la recta final. Faltan pocos días para que finalicen las presentaciones orales de Argentina y Uruguay ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia.

Argentina, parte demandada, plantea que Uruguay violó sistemáticamente el Estatuto del río Uruguay, que Botnia ha contaminado en forma irreversible el río Uruguay y que nuestro país debe desmantelar y relocalizar la planta de celulosa lejos de la frontera con Argentina.

En resumen, el gobierno argentino adhiere plenamente a los irracionales reclamos de los asambleístas entrerrianos, utilizando la misma estrategia: cero pruebas.

Por su parte, Uruguay mantiene la misma línea de defensa que inició años atrás. Los abogados que defienden a Uruguay en La Haya presentaron las pruebas que demuestran, sin lugar a dudas, que ambos países llegaron a acuerdos donde se aceptaba la actual locación de Botnia y se iniciaba el camino a un monitoreo binacional en la zona de instalación de pasteras. Argentina, en tiempos de Rafael Bielsa, había aceptado oficialmente un “fin de diferendo” y así lo detalló en la Memoria Anual que presentó el Jefe de Gabinete al Poder Legislativo en el año 2004.

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Existe un gobierno que, desde el discurso, combate a muerte el sector papelero-celulósico, acusándolo de ser las principales fuentes de contaminación en el planeta.

Existe un gobierno que, en los hechos, defiende a muerte el sector papelero-celulósico, salvándolo de las quiebras fraudulentas a costa del erario público, en negocios poco claros.

Ambos gobiernos, en realidad, son uno solo. Y es el gobierno argentino, uno de los principales impulsores y promotores del conflicto binacional que enfrenta, en La Haya, a dos países vecinos y hermanos.

El gobierno K (el anterior y el actual) viene enfrentando el modelo productivo uruguayo, acusando a nuestro país de violar tratados binacionales, invadir su soberanía, afectar la salud de los ciudadanos argentinos y contaminar tierra, agua y aire albicelestes.

Su postura, en teoría, se basa en un profundo y visceral rechazo a la producción de pasta de celulosa… en Uruguay.

Cuando las plantas de celulosa son argentinas, el enérgico discurso de la Casa Rosada se convierte en una cadena de declaraciones, decretos, leyes y decisiones que buscan sostener, financiar y respaldar el sector celulósico argentino, sin tomar en cuenta las normas ambientales.

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Una relación “amor-odio”. Esa parece ser el nexo que une -y separa- a los asambleístas y los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Hoy, la ACAG y el gobierno entrerriano invitan a los argentinos a participar, nuevamente, en una marcha sobre el puente internacional Gral. San Martín, en el marco de su lucha para erradicar la planta de Botnia de Uruguay y evitar que nuevas industrias se instalen en suelo uruguayo.

Como todas estas marchas, los asambleístas cuentan con la bendición oficial del gobierno entrerriano. Primero con Jorge Busti, esta vez con Sergio Uribarri. El gobierno provincial envió como emisario a Fernando Raffo, secretario de Medio Ambiente, principal responsable del desastre ambiental en el que está inmerso una de las provincias argentinas que más habla y menos hace sobre ecología y respeto por la naturaleza.

Los asambleístas invitaron, además, al propio gobernador Uribarri para que participe personalmente de la marcha sobre el puente internacional. Lejos, muy en el pasado, quedaron los insultos que le prodigaron cuando el gobierno provincial anunció oficialmente que “Botnia no contamina” y que intentará evitar los cortes de ruta contra Uruguay.

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(Fuente: El País | Montevideo).- Una jueza argentina decretó ilegal el bloqueo de la ruta que lleva al puente San Martín tras la demanda de un particular contra esa medida de los piqueteros de Gualeguaychú. El fallo sólo se aplica a este caso, que ya tiene un antecedente.

Ayer, mientras los asambleístas de Gualeguaychú preparaban los planteos que realizarán hoy al canciller argentino Jorge Taiana, recibieron la noticia de que una jueza federal argentina decretó “ilegal” el bloqueo de la ruta 136 tras la demanda interpuesta por un ciudadano que solicitó transitar libremente.

Los activistas, que no fueron notificados de la decisión, le quitaron trascendencia pues entienden que sólo se aplica al caso concreto y no amenaza la continuidad del piquete.

“Por lo que sabemos se trata de una sentencia que sólo tiene alcance individual y se va a respetar, pero no se ordena el levantamiento. Para disponer que se le habilite el pasaje la jueza debe declarar la ilegalidad. Hay un caso similar de hace dos años de una persona que interpuso un amparo”, explicó a El País el abogado de la Asamblea, Osvaldo Fernández.

El asambleístas José Pouler también restó trascendencia al fallo de la jueza Federal, María José Sarmiento y dijo que el Juez de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, ya había fallado que el corte era ilegal y ellos siguen allí. “No le dimos importancia, porque de éstas ha habido varias” comentó Pouler a El País.

La jueza Sarmiento, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 11, ordenó al Ministerio de Justicia brindar asistencia a un ciudadano para que transite libremente por la ruta 136, según informó Montevideo Portal. La medida, que aún no se efectivizó, exige que preste asistencia con la fuerza pública a través del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional.

Pouler sostuvo que la medida “es ilógica” porque por el corte de la ruta 136 “las personas pueden pasar”, aunque no autorizan a los vehículos.

Agregó que el corte de Arroyo Verde se mantiene inamovible y recordó lo que pasó en Gualeguaychú cuando se utilizó la fuerza policial para levantar medidas similares en el marco del conflicto del campo.

(Extraído de Montevideo Comm | Montevideo).- Una jueza federal argentina decretó “ilegal” el bloqueo organizado por la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú, favoreciendo una demanda interpuesta por un ciudadano. Desde el Juzgado aseguraron a Montevideo Portal que la medida aún no se efectivizó.

La Jueza Federal María José Sarmiento, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría N° 22, de Argentina, ordenó al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a brindar asistencia a un ciudadano para que transite libremente por la ruta 136, que es bloqueada por un grupo de activistas desde hace más de un año.

El paso Gualeguaychú- Fray Bentos es cortado en forma permanente por activistas que protestan por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.

La sentencia judicial exige al Ministerio de Justicia que preste asistencia con la fuerza pública a través del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, para que el ciudadano que interpuso una demanda pueda transitar libremente.

Desde el juzgado Nº 11, consultados por Montevideo Portal, explicaron que hasta que no se haga efectiva la medida no pueden brindar declaraciones al respecto.

La resolución declara ilegal el bloqueo organizado y mantenido por la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú. Resta saber si las fuerzas del orden cumplirán con la sentencia, ya que desde el inicio del conflicto el gobierno argentino no utilizó la fuerza pública para levantar la ruta.

+ info:
Un cortado a media mañana