Archive for the ‘Medio ambiente’ Category

Merde!

Posted by Antonio Giossa On March - 5 - 2010

Muchas veces, desde el inicio del conflicto planteado por los asambleístas enterrianos, nos hemos preguntado el motivo de tan insostenible postura.

Ignorancia. Intolerancia. Xenofobia. Prepotencia. Soberbia. Impunidad. Hipocresía.

Muchos son los calificativos que caen sobre las espaldas de los asambleístas y los políticos argentinos que apañaron, defendieron y hasta financiaron esta irracional cruzada pseudoambientalista que terminó afectando las relaciones comerciales y diplomáticas de dos países vecinos y hermanos.

Hoy, luego de meses y meses de funcionamiento de la planta de Botnia/UPM, los asambleístas vieron con desilusión como sus profecías fallaban una tras otra.

¿Peces mutantes? ¿Lluvia ácida? ¿Acuífero contaminado? ¿Explosiones? ¿Aire irrespirable? ¿Muerte de miles de animales? ¿Cáncer? La realidad, esa dura enemiga de los asambleístas, echó por tierra con sus esperanzas de ver un enorme desierto contaminado y sin vida como resultado del funcionamiento de la pastera fraybentina.

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Breve informe sobre el asunto “Botnia-Nonilfenol”

Posted by Antonio Giossa On November - 16 - 2009

Investigación científicaEl artículo que les presento en el día de hoy fue escrito por el Dr. Mario Féliz, catedrático de la Universidad Nacional de La Plata (Profesor Titular de Química Inorgánica de la Facultad Ciencias Exactas) e Investigador Principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de de Buenos Aires.

La denuncia mediática acerca de un supuesto análisis sobre una muestra de pasta de celulosa realizado por el Dr. Juan Carlos Colombo en la Universidad Nacional de La Plata ha generado más dudas que certezas.

En primer lugar, porque resulta extraño que el informe se dé a conocer exclusivamente a través de la prensa argentina (partes de él) y no se realice una presentación oficial que permita generar un análisis completo sobre dicho informe.

Las excusas que se presentan para no dar a conocer el contenido del informe son ilógicas y no tienen sustento. Se plantea una supuesta “confidencialidad” pero las presentaciones ante La Haya ya finalizaron y partes del informe se han filtrado al público a través de la prensa argentina.

Además, no queda claro desde el punto de vista científico como se hizo para analizar una supuesta muestra de pasta de celulosa. No se explica cómo se obtuvo, como se trasladó a La Plata y que grado de certeza existe en todo el procedimiento de obtención y análisis de la supuesta muestra.

El siguiente artículo, escrito por Mario Féliz, nos permite contar con información técnica sobre el tema y nos da una pista sobre los motivos reales que se esconden detrás de la estratega mediática que eligió el gobierno argentino (en este caso, Juan Carlos Colombo, funcional a la estrategia oficial) para seguir embarrando la cancha y evitando el debate científico.

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Ecopiqueteros, la biblia y el calefón

Posted by Antonio Giossa On August - 31 - 2009

Alejandro LarrieraHoy de mañana, muy temprano gracias al Servicio de Prensa Forestal (newsletter diario gratuito que envía el I.C.I. de Jorge Balseiro), tuve el placer de leer un artículo escrito por Alejandro Larriera en su blog La Verdad Incómoda, donde se realiza una excelente descripción de la hipocresía del gobierno entrerriano a la hora de relacionarse con sus vecinos santafecinos y uruguayos.

A fines del 2006, Larriera fue elegido Subsecretario de la Subsecretaría de Pesca y Recursos Naturales, un área dependiente de la Secretaría Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fé. Su experiencia como profesional (es veterinario) y su activa participación en la defensa del medioambiente (lidera el Proyecto Yacaré y es Deputy Chairman del Crocodile Specialist Group) en su provincia muestran claramente que es una persona que, cuando habla y escribe, opina con conocimiento y causa.

En su artículo, Larriera describe a la perfección las diferencias entre los piquetes de los asambleístas y los piquetes de los ruralistas. Los primeros, a pesar de la indiferencia del resto de la sociedad, sigue presente a casi tres años de iniciado el bloqueo total a un puente internacional. Los segundos, a pesar del apoyo inicial, no lograron sobrevivir más allá de unos pocos días. La evaluación de Larriera es clara: Arroyo Verde logra sobrevivir justamente por esa indiferencia, dado que la gran mayoría de los argentinos no son afectados por esa medida de protesta.

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Green Cross(Por Hernán Reyes).- A un mes del inicio de las audiencias en la Corte Internacional de La Haya por la instalación de la planta de Botnia en el río Uruguay, la ONG Green Cross, fundada y dirigida por el ex presidente soviético Mijail Gorbachov, volvió a ratificar lo que sus estudios –al igual que todos los encargados por los gobiernos argentino y uruguayo– muestran incluso desde antes de la puesta en marcha de la pastera: hasta ahora Botnia no contamina.

Los gobiernos de Argentina y Uruguay volverán al Tribunal de La Haya en setiembre y octubre para presentar por últimas vez sus posiciones sobre el diferendo por la instalación de la pastera.

Green Cross ratifica que ni en agua ni en aire ha encontrado niveles de sustancias contaminantes que se acerquen siquiera a los límites establecidos por las normativas más estrictas, tanto nacionales como internacionales”, explicó Marisa Arienza, directora de la filial argentina y coordinadora del equipo de reconocidos científicos que realizaron las mediciones y análisis.

Agregó que “esto es resultado de 18 meses de mediciones continuas que abarcan desde dos meses antes del funcionamiento de la planta –noviembre de 2007– hasta el mes de junio de este año”.

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La asamblea de miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su Congreso Mundial en Barcelona, recomendó trabajar por el manejo sustentable de la pesca en la segunda cuenca más importante de Sudamérica.

La recomendación insta a “otorgar la más alta prioridad” a la implementación de medidas de conservación y uso sustentable de los humedales, y a mantener los procesos ecológicos esenciales de los ecosistemas hídricos de la cuenca, en articulación con la Convención Ramsar.

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En Uruguay, la superficie de bosques nativos es del orden de las 730.000 hás, lo que representa aproximadamente la mitad del área forestada, indicó el titular de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos Mantero Álvarez, quien aclara que en ese total incluye 70.000 hás. de palmares, a pesar que no toda esa área posee los 250 árboles por hectárea requeridos para ser considerada bosque.

El jerarca sostuvo que en los últimos 20 años, y desde que entró en vigor la Ley No. 15.939, conocida como Ley Forestal, aumentó en aproximadamente 130.000 hás. la superficie de bosques.

La biodiversidad del bosque nativo se manifiesta en nuestro país bajo distintos ecosistemas que constituyen comunidades fluviales, de parque, serranas, de quebrada, de arenales costeros y palmares. El mayor incremento se dio en la comunidad de parque, parcialmente en las serranas, y en las grutas y quebradas, en particular del norte del país.

La Cuarta Carta Forestal (2004) -un relevamiento mediante imágenes satelitales realizado por el MGAP- establece que ese año se detectaron en el país cerca de 1.400.000 hás. de forestación, de las cuales el 53% es de bosque nativo, mientras que el 40% corresponde a plantaciones industriales y el resto a montes de abrigo y sombra, bosques costeros y parques.

La Ley Forestal, constituye el marco institucional del sector. Toma en conjunto todo lo que es flora arbórea, lo nativo y lo plantado, establece normas para las plantaciones y formas de hacerlo y protege al monte nativo. No está absolutamente prohibido usarlo, sino que hay formas en las que si se puede utilizar y obtener sus productos, en producciones integradas con la ganadería o la fruticultura, explicó Mantero Álvarez.

Ese cuerpo legal define a los bosques como “las asociaciones vegetales en las que predomina el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional”.

La revalorización del bosque nativo

El bosque nativo, también denominado monte indígena, tiene un valor social, ambiental y económico considerable y concita el interés científico de diferentes disciplinas, señala el Grupo Guayubirá, una organización ambientalista que promueve el recurso, su uso y conservación.

El monte no es simplemente un conjunto de árboles y arbustos, sino un sistema complejo donde una infinidad de seres vivos interactúan entre sí y con un medio físico con determinadas características. El monte actual es el resultado de millones de años de evolución y adaptación de todas esas especies a un sistema del que todas se benefician.

Entre otros puntos destacables, este tipo de bosque, abastece a las fuentes subterráneas de agua y aseguran el flujo continuo de los cursos hídricos, conserva las márgenes de los ríos y arroyos, constituye uno de los hábitats fundamentales para numerosas especies de la fauna nativa, y retiene carbono atmosférico, cuya conservación contribuye a mitigar el efecto invernadero. Pero eso no es todo. El bosque nativo, posee un valor potencial en materia de productos alimenticios (fruta, miel y carne) y usos medicinales e industriales (taninos, esencias, etc.). Mantero Álvarez, agregó que “hay estudios químicos, buscando aceites esenciales, experiencias de medicina alternativa, con buenos resultados, pero que nadie explotó desde el punto de vista comercial”.

El turismo rural y ecoturismo, como actividades que promueven la conservación y el aprovechamiento racional del bosque nativo, también contribuyen a su integridad y aprovechamiento racional.

Históricamente, desde tiempo coloniales y hasta la entrada en vigencia de la actual legislación, el bosque indígena se utilizó como fuente de madera para combustible o construcciones rústicas y estuvo sometido a una importante presión de corta que hoy se traduce en la existencia de bosques primarios (no intervenidos) y secundarios (los que crecen después de su destrucción)”, exponía Juan F. Porcile, en una conferencia titulada “El Desafío del Manejo Sustentable del Bosque Nativo”, que dictó en octubre de 2005, en la Intendencia Municipal de Montevideo.

A la hora de referirse a algunas de las especies más utilizadas del bosque nativo, Mantero Álvarez, mencionó a la coronilla, el guayabo, el algarrobo y el espinillo, como proveedores de leña. Y apreció al timbó, el ibirapitá y algunas especies de laureles por la buena calidad de su madera. Citó el caso del amarillo, una variedad que en otras épocas era requerida por monteadores que recibían la denominación de “amarilleros”, que era apreciado por las cintas que se obtenían de él para fabricar canastos para la leña y el pan. El cambio tecnológico hizo que esos canastos se dejaran de usar y fue así que la presión sobre el amarillo cesó.

En referencia a los frutos, el técnico alentó la posibilidad de mejora genética que permita desarrollar y domesticar algunas especies. En ese sentido, recordó una iniciativa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que estudia algunos frutos indígenas como el ubajai, la pitanga y el arazá, para obtener tamaños suficientes que faciliten su comercialización.

Mantero Álvarez también mencionó la experiencia del vivero del MGAP, en Toledo, que fue inaugurado en 1912 y se especializa en la producción de especies indígenas como quebracho, espinillo, timbó, cinacina, ibirapitá, ombú y arazá, además de tres variedades de eucalipto colorado. Si bien éste no es indígena, se promueve la plantación por su utilidad en las actividades ganadera, agrícola y maderera. Mientras que las nombradas en primer término se solicitan como ornamentales y para incluirlas en sistemas agroforestales y montes de protección de cuencas, suelo y ganado.

La agresión de la presión urbana

Uno de los problemas más graves que padece hoy el bosque nativo, según el entrevistado, es que está siendo dominado por especies exóticas que lo invaden, como es el caso del ligustro, el fresno y algunas variedades de arces. En estos casos, la dependencia que dirige sugiere medidas tendientes a dificultar su reproducción y expansión.

Otros factores de disturbio que pueden incidir sobre la sanidad y vitalidad del ecosistema comprenden a: insectos nativos, enfermedades, incendios, tormentas, despeje de tierra (tala rasas y desmontes), inundación permanente (construcción de embalses, represas hidroeléctricas, reservas de agua para riego arrocero) y desarrollo urbano, además de la extracción de las propias especies vegetales.

En ese sentido, Mantero Álvarez sostiene que “la agresión más fuerte al bosque nativo se da en las fuentes fluviales próximas a las ciudades del interior del país, en terrenos generalmente municipales, lo que produce una presión urbana considerable”. En este caso, si bien el control para evitar la extracción de la madera corresponde a la DGF, al encontrarse en propiedades municipales, las intendencias también tendrían facultades para impedirlo. Pero allí, más allá de un tema de competencias entre su dependencia y las comunas, el funcionario advierte un trasfondo social.

El bosque indígena significa en invierno la fuente de ingresos de los llamados “carreros” y sus familias. “Nosotros somos partidarios de que el bosque nativo pueda ser utilizado a favor de la vida de la gente y hacer un uso sustentable del recurso”, aseveró.

La DGF es el órgano ejecutor de la política forestal nacional que la Ley Forestal encomienda al MGAP. Esa dependencia tiene la misión de lograr el manejo forestal sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos forestales y el desarrollo de las industrias del sector.

Desde la creación de la Ley se piensa en lo forestal del país como una cosa única en la que se diferencian dos divisiones, una que se dedica al manejo y el ordenamiento y otra a la planificación”. Es decir, la generación de la política forestal, el estudio de las posibles formas de planificarlo y el control de lo que está establecido legalmente, indicó Mantero Álvarez.

En el organigrama de la DGF se incluye a la División del Bosque Nativo; a esta repartición le competen tareas de gestión, fiscalización, evaluación y desarrollo. Algunas de éstas tienen que ver con el estudio, aprobación y manejo de solicitudes de actuación sobre bosque nativo, otorgamiento de guías de transporte de productos procedentes de los montes indígenas y tareas inspectivas de control de ilícitos de corta, transporte de productos del bosque nativo y control de stock de barracas. Además, lleva estadísticas relativas al área, así como evalúa el recurso a corto, mediano y largo plazo y promueve la investigación de técnicas de manejo y niveles de producción. Consultado sobre los permisos de corta otorgados, el técnico se limitó a manifestar que éstos “no superan las 40.000 ton. anuales de madera”.

El cuerpo inspectivo de la División del Bosque Nativo está integrado por ocho funcionarios que Mantero Álvarez considera, tienen un buen conocimiento geográfico de nuestro país y su bosque nativo.

El responsable de la DGF dijo que ese número de funcionarios es suficiente, aún considerando el aumento de infracciones sobre el monte indígena a partir de las denuncias sobre la tala no autorizada de la empresa Ence en Paysandú y los medios de comunicación difundieron a fines de agosto. No obstante, el funcionario aseguró que “El crecimiento de las denuncias es circunstancial”.

Mantero Álvarez, –quien también se desempeña como docente del Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera de la Facultad de Agronomía de la Udelar- sostuvo que la mayor desforestación del bosque nativo no es ocasionada por las compañías forestales, sino que es provocada por las actividades agrícolas (arroz, vid, y posiblemente soja) y ganaderas. Advirtió, que “la competencia por la tierra es la que genera este tipo de conflictos”, en el entendido que mientras mayores son los precios de los mencionados productos, “más difícil es controlar e impedir infracciones sobre el monte indígena, porque las multas que surgen de la normativa vigente son menores respecto a la rentabilidad de la empresa infractora, que gana superficie para el cultivo de esos productos agropecuarios”.

Ante la consulta de si el aumento del número de denuncias de infracciones sobre el bosque nativo responde también a una creciente concienciación medioambiental de la sociedad, Mantero Álvarez dijo que “es probable que eso sea cierto”. Pero, aclaró, que el aumento de las denuncias tiene que ver con otras cosas, incluso con otras valoraciones y circunstancias que son coyunturales. Detrás de esa “efervescencia” hay posiciones grupales e individuales que tienen que ver con quién es el que cometió el ilícito (en referencia a Ence) y por lo tanto, atacan con mayor virulencia. Eso genera muchas denuncias, explicó.

Para redondear su razonamiento, el director de la DGF señaló que “sin dudas el país tiene cada vez mayor conciencia ambiental, aunque no siempre la preocupación está en las cosas que son más importantes para el medio ambiente. Si lo pienso en términos agrarios, quizás lo peor que esté pasando es la erosión de los suelos”, apuntó.

El caso de Ence

Carlos Mantero señaló que la empresa Ence, instalada desde hace 18 años en nuestro país, cuenta con áreas forestadas, principalmente en Paysandú (desde Quebracho al sur, por el litoral), Soriano, Lavalleja y Rocha.

Calificó como “una relación muy estrecha” la que mantienen la DGF y la propia empresa, producto de la presentación de los proyectos de plantación de eucaliptos para su aprobación que debe presentar la compañía a su repartición.

En el transcurso de este año la compañía de capitales españoles hizo los trámites de rutina para forestar con eucaliptos una zona en la que confluyen el arroyo Capilla Vieja con el Río Queguay, al sureste del departamento de Paysandú. La DGF delimitó un área de bosque nativo que se debía proteger conformada por algarrobales de distintas edades.

La empresa se comprometió a demarcar el terreno con una máquina llamada “rotobador”. Se marca una faja de terreno y se establece el área de corte. Eso no se hizo y se dieron las instrucciones en forma oral.

Lo que dice la empresa es que la empresa contratada para realizar el trabajo cortó más allá de lo que debía y ese fue el error. “No cortó 80 hás. juntas, sino que en aquéllos lugares que le dijimos que no corte, lo hizo de a secciones en varios puntos”, relató Mantero Álvarez.

Ellos dicen que fue un error y probablemente lo haya sido”, confiesa. “Si me dijeras que vas a plantar eucaliptos en un área de 80 hás. que están en un solo predio, capaz que lo entiendo, pero si se trata de una sección aquí, otra allá, y otra más allá, parece que no es lógico (pensar que se trató de algo premeditado)”, reflexionó.

Acto seguido, la DGF convoca a la empresa al tiempo que se detiene el proyecto en el área referida y se interrumpen los trámites ante esa dependencia ministerial. Ence reconoció su error y a consecuencia realizó una propuesta de cambio de naturaleza por naturaleza, al tiempo que se comienza a evaluar la multa a aplicar, que, según trascendió, sería del orden de las 2.000 UR (aproximadamente U$S 36.000), según lo estipula la Ley Forestal.

Ahora lo que estamos haciendo es redactar el expediente sancionatorio que va a decir lo que, en definitiva, la empresa debe hacer”, adelantó Mantero Álvarez.

Ence proponía disponer un área de 233 hás. para que se desarrollara el algarrobal a partir de los pocos ejemplares existentes de la especie. Habría que hacer una plantación y dejar que crezcan como lo habían hecho los otros ejemplares, a costo de la empresa. Como el INIA tenía un proyecto en el que estaba estudiando la especie, le propusimos a Ence que hiciera un convenio con ese Instituto para poder utilizar la plantación que se haga en el área y utilizar el manejo del algarrobal vivo para capitalizar conocimiento, lo que fue aceptado por la compañía”.

Habrá que esperar mucho tiempo para que el área de 233 hás., en cuya selección tuvo que ver la DGF, se regenere.

La iniciativa dispuesta para mitigar los daños ocasionados al bosque nativo permitirá obtener conocimientos sobre cómo plantarlo, manejarlo y mejorar las condiciones de una interesante especie como lo es el algarrobo.

Consultado sobre si la cuantificación material de las multas representa la magnitud del daño ocasionado, el jerarca reclamó “una valoración real del bosque nativo, a través de un estudio profundo de las distintas expresiones que éste tiene en el país, que puede ayudarnos a valorar lo que está aportando al medio ambiente nacional, en términos de protección de suelos, de mejora de la calidad del agua, de mantenimiento de la biodiversidad y de recreación. A todos los valores posibles que son medianamente intangibles, adjudicarles un valor monetario que sea reconocido como el aporte del monte indígena. Eso permitiría tener mucho más claro cuánto es lo que se perdió o lo que se dejó de ganar durante cualquier intervención”.

Otro posible camino a recorrer, mucho más rápido, pero quizás no tan justo, ni tan científico, sería aumentar las multas, o que se considere una intervención que tiene que ver con el ambiente, que pudiera ser catalogado “un delito ambiental”, sugirió Mantero Álvarez.

Mariano Arana presentó auditoría sobre emisiones de Botnia

Posted by Antonio Giossa On September - 4 - 2008

Según las palabras del ex ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, “se ha comprobado científicamente que el efluente que se vierte en el río Uruguay, a través de un difusor sumergido con múltiples aberturas, logró cumplir con los límites de máxima concentración especificados por la DINAMA“.

Asimismo, dijo que la calidad del agua fue monitoreada en 17 estaciones ubicadas a lo largo del río, y las mediciones arrojaron que el agua es de “alta calidad”.

La calidad del agua entre la planta y Fray Bentos resulta equiparable con la de aguas arriba, comprobándose entonces que la planta no ha afectado las condiciones del río Uruguay“, informó Arana en base al estudio de la empresa internacional. Al mismo tiempo, el informe terminado en julio de este año, indica que las emisiones atmosféricas “han permanecido holgadamente por debajo de los límites definidos por la autorización“, por lo que “puede afirmarse en forma contundente que no existen riesgos para la salud humana“, enfatizó Arana.

El estudio explica que la planta “ha cumplido con los límites de concentración máxima” especificados por la Dinama para demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5), fósforo total, nitrógeno total, compuestos halogenados totales absorbibles (AOX), pH, amoníaco, nitrato, coliformes fecales, sulfuro, aceite y grasa, mercurio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo, zinc y dioxinas y furanos.

Además, subraya que “la única excepción fue la superación del valor de sólidos suspendidos totales (SST) durante dos horas en una ocasión“, para lo que “se adoptaron acciones correctivas y se preparó y presentó a la Dinama un informe de contingencia“.

Finalmente concluye que el análisis de toxicidad “no muestra ninguna respuesta letal“.

El sucio papel de Papel Prensa

Posted by Antonio Giossa On August - 28 - 2008

(Por Antonio | Buenos Aires).- “Las papeleras argentinas no contaminan“, dijo muchos meses atrás Néstor Kirchner, cuando visitaba la ciudad de Gualeguaychú para realizar un acto en contra de la instalación de Botnia en Uruguay.

Y, de paso, para defender la “industria nacional argentina”, la principal afectada por la empresa finlandesa, ya que el excelente estándar de protección ambiental que cumple Botnia deja en plena evidencia el desastre ambiental que generaron y generan las obsoletas pasteras argentinas.

Las papeleras argentinas… contaminan.

En primer lugar, porque son pasteras que utilizan tecnología obsoleta que está prohibida en Norteamérica y la Unión Europea y, además, no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento de efluentes.

Y, en segundo lugar, porque son argentinas, lo que posibilita que esa violación a las normas ambientales se pueda realizar sin que el Estado intervenga, controle, multe o sancione.

Papel Prensa viene siendo investigada por la prensa (en rigor, casi en forma exclusiva por Crítica de la Argentina) y por la justicia desde hace ya varios meses, luego que una serie de informes y controles mostrara serias irregularidades y un altísimo nivel de contaminación en una zona que, ya de por sí, está saturada de contaminantes.

Romina Picolotti, a esta altura un simple e inútil adorno decorativo en la Secretaría de Ambiente de La Nación, es coherente en su accionar. A la inacción total en la problemática del Riachuelo se le suma la inacción total en el control de la industria celulósica-papelera argentina, donde poco más de una decena de plantas de celulosa contaminan -CADA UNA- más que un centenar de Botnias juntas.

Picolotti, al ver que las investigaciones judiciales seguían su curso y presentaban más pruebas de que Papel Prensa (empresa en la que el propio Estado argentino es socio, junto con el Grupo Clarín y La Nación), anunció que esta pastera sería multada y sancionada. Meses después, se comprobó que ni la multa ni la sanción se hicieron efectivas y que el anuncio de Picolotti no pasó de un simple titular de prensa mediático.

En el día de hoy, otra vez Crítica de la Argentina presenta nuevas pruebas y datros de la contaminación que provoca Papel Prensa. Patricio Murray, fiscal federal de San Nicolás y responsable de las investigaciones sobre la causa “Papel Prensa S.A.- s/infracción ley 24.051″, explicó que:

“Si en 31 años de actividad, no ha logrado regularizar sus anomalías y pretende continuar justificando dicho comportamiento utilizando al río como tratamiento de sus desechos, mal puede creerse en los propósitos expresados respecto a las medidas de protección al medio que proyecta encarar a futuro.”

Además, el dictamen de fiscalía asegura que:

  • La planta de Papel Prensa no cuenta con certificado de aptitud ambiental vigente.
  • No tiene permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales al río Baradero.
  • No utiliza las instalaciones de su planta de tratamiento por encontrarse saturadas.

Además, agrega que:

“…los exámenes periciales realizados sobre los efluentes líquidos industriales de la planta son indicativos de un exceso muy significativo en los límites establecidos en la legislación vigente y demuestran la disminución de la calidad del agua del río Baradero aguas abajo de la planta de Papel Prensa.”

“No bien tengamos la confirmación de la traducción documental, vamos a pedir la indagatoria de Scarabino y los directivos de la empresa debido a la situación anómala en la que se desempaña la planta en cuanto al tratamiento de los efluentes.”

Uno de los puntos más llamativos en este proceso judicial es que Papel Prensa presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que el Estado Nacional NO LA FISCALICE hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Ganaderos entrerrianos levantan terraplenes ilegales en Islas del Paraná

Posted by Antonio Giossa On August - 20 - 2008

(Fundación Proteger | Entre Ríos).- A sólo diez kilómetros de Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda.

Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa “por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública”, según admitieron a Crítica de Santa Fe.

“Esto es muy grave porque demuestra la falta de control que hay en la zona, algo que nosotros sostenemos cuando decimos que la quema de pastizales es sólo una consecuencia de un problema más serio”, aseguró el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, al ser consultado por el caso.

La habilitación del puente Rosario-Victoria multiplicó de forma exponencial las cabezas de ganado en las islas. La soja –sí, el famoso “yuyo”– aquí también metió la cola: muchos campos ganaderos de la pampa húmeda mutaron hacia el cultivo de la oleaginosa y la hacienda viajó hacia las islas.

El gobierno de Entre Ríos, en lugar de atenuar el impacto ecológico de esa situación, arrendó desde 2005 más de 110 mil hectáreas de tierras fiscales en esas islas para que 153 nuevos productores las exploten. Eso implicó que se multipliquen los caminos clandestinos (algunos representan barreras ecológicas), se construyan terraplenes para desviar ríos (que, además, secan lagunas naturales) y más quema de pastizales. ¿El fin de los humedales?

El peligro. La Boca de la Milonga, un par de kilómetros al norte del puente, aparece como la entrada que ofrece el río Paraná para ingresar a las islas a través del Paranacito. Por ese cauce, río abajo y al sur de la traza vial, aparece en la margen izquierda el primer brazo taponado por los montículos de tierra que una máquina retroexcavadora remueve. El ruido del motor contrasta con un martín pescador y una garza mora que vigilan el armatoste a prudente distancia. El paisaje allí no es lo agreste que debería ser: aparece una avenida de tierra seca, zanjas con desagües y hasta caños oxidados que se conectan con una draga.

La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.

“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.

Lógica ganadera. Para Rubén Quintana, técnico del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la UBA, “cambiar las condiciones de funcionamiento de un humedal influye en el mantenimiento del mismo; una intervención sobre este ecosistema para convertirlo en un ambiente terrestre puede afectar la reproducción de peces y aves”. La clave del problema pasa por entender que esa zona verde no puede ser considerada de la misma forma que el continente, por sus particularidades ecológicas.

El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defiende sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.

Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.

La tierra de Pou. El 18 de octubre de 2002, la propietaria de un campo en el Delta entrerriano denunció a su vecino, el ex presidente del Banco Central Pedro Pou. El ex funcionario menemista, dueño de la Estancia La Calera, mandó a cortar cuatro arroyos con tabiques de tierra de unos 60 kilómetros de extensión. El Corufa ordenó abrir esa mega barrera pero Pou (a contramano de aquel eslogan de su ex jefe, Carlos Sául) no lo hizo. Ni en ese año ni en los siguientes, a pesar de las reiteradas denuncias. El pedido llegó a la Cámara de Diputado de la Nación en 2006, pero los terraplenes de Pou siguen en pie hasta hoy.

Detrás de la ausencia de controles en las islas, eje de las quejas cuando el humo de la quema de pastizales llega la ciudad, se esconde el avance de los particulares sobre los humedales. El mes pasado, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Nación conformaron por primera vez una mesa que estudiará la posibilidad de crear una reserva o área protegida. Sólo la cesión de tierras de la provincia vecina a un futuro ente (cualquiera sea su forma legal definitiva) llevará al menos un año, si es que el gobierno de Sergio Uribarri accede. Mientras tanto, los cursos de agua, esencia de los humedales, y la subsistencia de parte de las 700 especies vegetales del Delta y de 500 especies de vertebrados, quedarán a merced de los ganaderos de la isla. La indomable anomia que campeó en el lejano oeste de los cowboys, aquí queda en el este, cruzando el río Paraná.

En el Salado, un desvío hizo otro río

En el norte de Santa Fe, el río Salado también fue interrumpido, a la altura de la ruta 13. Por eso, el cauce da una vuelta sube al estero Monzón y vuelve a bajar a la cuenca original. La comuna de La Gallareta denuncia la situación porque sus habitantes padecen ese desvío que agrava aún más la dramática situación de sequía en la zona. La Justicia pidió en mayo pasado al Estado que encuentre al responsable y revierta la situación. Dos meses después la situación no cambió. El gobierno santafesino explicó que el corte fue realizado hace dos décadas y que el río ya en 1992 tenía otro cauce. Por lo tanto, esa modificación ilegal es irreversible.

Presión inmobiliaria sobre la ecología

Posted by Antonio Giossa On August - 19 - 2008

(Fuente El País | Montevideo).- La presión inmobiliaria es, sin duda, uno de los mayores riesgos a los que están expuestos los sitios de particular sensibilidad ecológica. Esto sucede, sobre todo, cuando no se cuenta con una planificación que permita orientar el crecimiento, de modo de asegurar que los proyectos de desarrollo no destruyan los valores naturales que dan sentido y valor al lugar.

En la Argentina no hay zona turística que no esté expuesta a una presión que ponga en riesgo el mantenimiento de la esencia y de la autenticidad de un patrimonio natural o cultural.

Las costas de Uruguay tampoco son ajenas a este fenómeno mundial que, en ocasiones, ha arrasado o desvalorizado muchos atractivos por la ausencia de límites precisos. Existe ahora una seria amenaza para el proyecto de conservación de la biodiversidad en una zona sujeta a ser declarada parque nacional o paisaje protegido: la Laguna de Rocha.

Allí, la costa atlántica, más oceánica y menos apacible que las playas vecinas de José Ignacio o La Pedrera, comprende el sistema lacustre costero del Cono Sur, que se inicia en la Laguna Mar Chiquita (Mar del Plata), abarca lagunas de José Ignacio, Garzón, Rocha y Castillos, y se extiende hasta Lagoa dos Patos, en Río Grande do Sul, Brasil. Este sistema se caracteriza por mantener una comunicación con el mar a través de un régimen dinámico de apertura y cierre de sus barras arenosas, lo que determina un permanente intercambio de aguas, favoreciendo la productividad interior de sus cuerpos y el desarrollo de áreas de cría que, como en el caso de Rocha, alberga unas 220 especies de aves.

Muchas de las especies de peces e invertebrados que habitan estos sistemas presentan poblaciones compartidas. Los alrededores de la Laguna de Rocha son una importante zona de alimentación, sitio de parada y descanso para aves migratorias y residentes, así como un área de nidificación, principalmente en la frágil Laguna de las Nutrias, afectada por acciones ilegales de extracción de huevos de gaviotas, y caza de carpinchos y nutrias.

Los nuevos emprendimientos prevén edificaciones, obras de infraestructura, generación de residuos y desagües de efluentes que podrían provocar la alteración de las características ambientales de Rocha.

Vale destacar que en febrero de 2000, después de un largo proceso, Uruguay consagró la creación de un sistema nacional de conservación que implica la recalificación de los espacios protegidos mediante un previo proceso participativo, que incluye la celebración de audiencias públicas y que procura la incorporación voluntaria al sistema, por parte de los particulares cuyos predios privados estarán dentro del área protegida.

Estas propiedades estarán sujetas a algunas limitaciones que, en la mayoría de los casos, permitirá continuar con las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, teniendo en cuenta su carácter rural, pero con la posibilidad de utilizar sistemas de certificación que valoricen sus productos al ser realizados en un área protegida.

Sin duda, este mecanismo inteligente busca convertirse en un incentivo para la inclusión de predios de propiedad privada en el mismo sistema. La protección de la zona de Rocha, comprendida dentro de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, tiene como objetivo evitar el fraccionamiento del hábitat y asegurar la conservación de la diversidad biológica y de los valores paisajísticos de los ecosistemas que los integran, así como la utilización sustentable de sus recursos naturales.

Los intereses inmobiliarios actuales y la especulación por el aumento del valor del suelo, en pugna en muchas ocasiones con los principios de conservación, pretenden la autorización de fraccionamientos cada vez más pequeños en áreas rurales y la posibilidad de construir cada vez más cerca del mar, reduciendo los 250 metros que impone la normativa actual. Todo ello junto a la renombrada intención de construir un puente sobre la laguna Garzón, en reemplazo de la balsa actual, con menos justificativos económicos y sociales que publicitarios, y con indudables riesgos de cambiar el carácter de Rocha, está poniendo en juego el futuro del área protegida y reclama la inmediata puesta en marcha de un profundo proceso de evaluación de impacto ambiental.

Como en todos los lugares de especial riqueza natural y cultural, las decisiones en materia de planificación implican la búsqueda incesante de un desarrollo armónico para las futuras generaciones, que depende de medidas que se adopten hoy.